Desde la Asociación de Notarios Chartae felicitamos efusivamente al Colegio de Registradores por el premio a la Excelencia en Tecnología e Innovación que recientemente le ha entregado el periódico La Razón. En la noticia se destaca que gracias a la ley 11/2023 se han puesto en manos de la ciudadanía todas las herramientas para relacionarse a su vez con los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de la forma que prefiera, sea telemática o presencialmente. Es realmente una gran innovación que, además, permite a los registradores no estar aún más tiempo fuera de su oficina, al habilitarles para firmar sus inscripciones en otros sitios. Es cierto que eso quizá dificulte la atención al público, pero eso es un mal menor, atendido que si el ciudadano “prefiere no desplazarse al registro podrá, a través de la Sede Electrónica de los Registradores, concertar una cita por videoconferencia con el registrador, solicitar publicidad registral o presentar telemáticamente documentos en los registros”. Un win-win, sin duda.

La tecnología, por otro lado, ha permitido a los registradores evitar molestos trámites e incomodidades trasladando a otras instancias –los notarios ahora para ellos en funciones de cobradores del frac- el cobro de las notas informativas sobre titularidad y cargas que los notarios deben obligatoriamente solicitar de los registros. ¿Qué mejor manera de acelerar procesos que obligar a otras personas a realizarles el trabajo adelantando los pagos de terceros?. De una manera limpia y telemática ha de pagarse el trabajo antes de hacerlo a través de un wallet y lo ha de hacer un tercero que no tiene más interés que el profesional, como los registradores, en dicha gestión. Pero, eso sí, se evita una pérdida económica y de tiempo para los registros que debe a toda costa evitarse para no crear inestabilidad en un pilar inamovible de la seguridad jurídica que son. Otro win-win, sin duda, que rozaría la “perfección” (solo para los registradores ) si no se hubiera producido la paralización de las notarías una semana en el momento de la implantación del sistema por caída total y la imposibilidad todavía hoy de dar solución eficiente a los requerimientos del mercado y la nueva ley , a pesar de que se aumentó a un mes el plazo para calificar escrituras que el notario debe elaborar en pocos días. Pero ya sabemos que calificar es más complicado que crear, pues al fin y al cabo cualquiera puede escribir unas palabras, pero producir modificaciones tabulares en el ámbito jurídico-real con absoluta seguridad jurídica no lo hace cualquiera.

Porque, como se destaca en la noticia, los registradores aportan “la seguridad jurídica conocida hasta el momento y que permite al sistema registral español tener un índice de litigiosidad bajísimo que lo convierte en referencia dentro de nuestro ámbito”. Sin duda, litigiosidad es escasa; aunque también es verdad que hay cientos de resoluciones de la Dirección General motivadas por calificaciones registrales que quizá no existieran si no pareciera imprescindible calificar mucho y mal para que resulte palmario lo necesarios que somos. Es verdad que la litigiosidad no es mayor porque el ciudadano no puede esperar dos años a la resolución del recurso y prefiere someterse a la humillación de rectificar ante una calificación absurda o equivocada, pero, ¿qué es este pequeño baño de humildad ante La Seguridad?. Claro que debemos estar atentos, no vaya a ser que, llevando al extremo el desarrollo tecnológico, el acto se inscribiera sin intermediación de nadie y sin más calificación en la documentación que la del documento público: quizá no habría litigiosidad pero entonces no habría “pilar” de la seguridad jurídica. Y eso no podemos permitírnoslo.

El Comité editorial de Asociación Chartae.